La creciente amenaza del crimen organizado sobre las cadenas logísticas y el comercio exterior fue el eje central de un seminario organizado por la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) y la Liga Marítima de Chile. La instancia, desarrollada en Valparaíso, reunió al director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Vicealmirante Arturo Oxley; al director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo; y al gerente general del Terminal Portuario de Guayaquil (TPG), Luisenrique Navas, quienes analizaron los desafíos que enfrenta la industria para fortalecer la seguridad portuaria y la resiliencia de la cadena logística.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Oscar Hasbún, presidente de CSAV, quien dijo que “la seguridad, sostenibilidad y eficiencia de la cadena logística son fundamentales para el desarrollo del país. Sin embargo, el crimen organizado ha identificado este sistema como una plataforma estratégica para sus operaciones ilícitas, generando impactos profundos en la institucionalidad, la estabilidad regulatoria y la actividad económica. Se trata de una amenaza silenciosa, con importantes recursos y capacidad de infiltración mediante la corrupción y la extorsión”, afirmó.

Repaso regional y nacional 
El Vicealmirante Arturo Oxley, abordó el escenario marítimo frente al avance del crimen organizado transnacional, advirtiendo que los principales productores de cocaína de la región —Colombia, Perú y Bolivia— generan cerca de 3.700 toneladas anuales, de las cuales el 80% se destina a exportación. Además, indicó que en Chile durante el 2025 se incautaron 1,8 toneladas de droga y 470 toneladas de precursores químicos.

En tanto, Ignacio Castillo advirtió que las drogas sintéticas que tradicionalmente ingresaban al Cono Sur por vía aérea desde Europa hoy utilizan de manera creciente el transporte marítimo. Según explicó, las principales rutas delictuales identificados conectan los puertos de Amberes, Róterdam y Zeebrugge con San Antonio, Valparaíso e Iquique, reflejando que Chile se ha convertido tanto en una ruta de exportación como de importación de sustancias ilícitas.

El fiscal también alertó sobre nuevas modalidades empleadas por las redes criminales, como la impregnación de madera y caucho con drogas líquidas. Ejemplificó que en la macrozona portuaria de Arica y Tarapacá se han detectado “más de 560 toneladas de precursores químicos desde noviembre de 2024 y se han incautado más de 1.080 toneladas de madera y caucho contaminados entre noviembre de 2024 y abril de 2026, equivalentes a unas 108 toneladas de droga”.

En tanto, Luisenrique Navas, expuso que, según datos de la Cámara del Comercio de Ecuador, debido a la necesidad de generar seguridad adicional los costos logísticos tienen un sobre valor de un 10 al 15%. Mientras que la afectación a las exportaciones es de casi US$600 millones. Además, resaltó que en dicho país existen casos dea extorsión al personal y costos en vida: “En Terminal Puerto Guayaquil (TPG) ha habido 28 atentados desde 2021 (con 19 asesinados)”, precisó dando cuenta de los graves alcances de la situación.

Lo que se ha hecho
Respecto de las medidas implementadas para enfrentar esta amenaza, el vicealmirante Arturo Oxley destacó el “Plan Praesidium” de Directemar, iniciativa que busca reforzar la protección de la cadena logística portuaria mediante controles y medidas preventivas orientadas a dificultar la acción de organizaciones criminales transnacionales.

A ello se suman el fortalecimiento de los controles en puertos y pasos fronterizos, mayores inversiones en tecnología, una más estrecha cooperación internacional y el impulso de marcos normativos para combatir el narcotráfico y el lavado de activos, aspectos relevados por Luisenrique Navas. Respecto a los trabajadores portuarios indicó que “contamos con canales de resguardo y protección; mejora de infraestructura para la seguridad y bienestar de los trabajadores y un modelo de cobertura rotativo/remoto para roles críticos”.
Por su parte, Ignacio Castillo destacó el modelo de macrozonas portuarias de la Fiscalía Nacional, que permite contar con fiscales especializados para mejorar la coordinación interinstitucional y la persecución del crimen organizado en los principales complejos portuarios del país.

La cooperación como eje de la estrategia
Tanto el Vicealmirante Arturo Oxley como el Fiscal Ignacio Castillo coincidieron en que el futuro desarrollo de los corredores bioceánicos plantea importantes desafíos para la seguridad regional. Si bien estas rutas están llamadas a fortalecer la integración y el comercio entre los océanos Pacífico y Atlántico, también podrían ser aprovechadas por organizaciones criminales transnacionales para ampliar sus operaciones.

También, la cooperación entre el sector público y privado fue identificada como un elemento clave para enfrentar el avance del crimen organizado en la cadena logística. Mientras el Vicealmirante Arturo Oxley advirtió que estas organizaciones ya se encuentran consolidadas a nivel nacional y regional, y que las cadenas logísticas portuarias son uno de sus principales objetivos, el fiscal Ignacio Castillo sostuvo que una respuesta efectiva requiere del apoyo de puertos, navieras y empresas vinculadas al comercio exterior.

Como reflexión final, Luisenrique Navas señaló que la lucha contra el crimen organizado requiere una estrategia integral y una estrecha coordinación con las fuerzas policiales y los distintos actores de la cadena logística. A su juicio, “el objetivo debe ser desarticular las organizaciones criminales en su conjunto y no únicamente interceptar sus operaciones, dado que se trata de una amenaza transnacional que demanda respuestas coordinadas entre sectores y países”.